Es indispensable contar con un protocolo interno que garantice la pronta certificación de cada contrato y su integración al expediente de materialidad.

En el actual contexto fiscal es indispensable recordar que el artículo 29 ya establece nuevos elementos orientados a que los CFDI amparen operaciones existentes y reales. Bajo ese marco, nada impide que el área de contabilidad o la persona responsable de emitir los comprobantes incluya dentro del propio CFDI una precisión expresa de que se trata de una operación real. Hacerlo no constituye ninguna ilegalidad; sin embargo, exige que dicha afirmación esté plenamente respaldada con la documentación e información inherente a la actividad económica desarrollada.

Un punto crítico en esta materia es el requisito de que todos los contratos cuenten con fecha cierta. Este criterio, establecido por la Corte en diciembre de 2019, impuso a los contribuyentes la obligatoriedad de dotar de fecha cierta a cualquier contrato que celebren. El mandato resulta, en algunos casos, absurdo; baste pensar en un médico que atiende a veinte pacientes en un día y que, evidentemente, no celebrará un contrato por cada consulta para satisfacer esta exigencia.

La fecha cierta puede obtenerse por tres vías: la ratificación de firmas ante notario público —opción que no se recomienda—; la certificación del contrato ante un fedatario público, sea notario o corredor; o, en última instancia, el fallecimiento de alguna de las partes, supuesto que difícilmente será una vía práctica o jurídicamente útil.

Por ello, es indispensable que los contribuyentes cuenten con una estructura y un protocolo interno debidamente definidos. Cada contrato, que necesariamente debe constar por escrito, debe turnarse inmediatamente a la persona encargada para gestionar su certificación ante notario. Solo así podrá integrarse a la cadena de instrumentos y documentos que servirán para acreditar la materialidad de las operaciones, un aspecto que hoy exige mayor rigor, certeza y estrategia defensiva.