A partir de que México se incorpora en 1994 a la OCDE, comienzan una serie de reformas a las leyes fiscales, que si bien parecen interminables, se implementaron en forma gradual de 2014 a 2022, creando así nuevos conceptos, figuras jurídicas (como por ejemplo el tercero colaborador fiscal, el asesor fiscal, esquemas reportables, entre otros), procedimientos administrativos (como lo es la presunción de operaciones inexistentes, revisión de razón de negocios, etc.) y sanciones (como la impuesta al asesor fiscal por $22,190,000.00). Lo anterior, en aras de combatir la evasión y la defraudación fiscal, intentando ser concordantes con las 15 Acciones BEPS de la OCDE y del G20, y con el entorno fiscal internacional.

Uno de los temas que generan más preocupación a los contribuyentes son las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, mediante las cuales dichas autoridades verifican el exacto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los mismos, y como consecuencia de las mismas éstas podrán determinarle créditos fiscales, darle vista a terceras autoridades o incluso iniciar las acciones de carácter penal que procedan en contra del contribuyente visitado, cuando se desprendan de dichas facultades la comisión de algún delito fiscal.

ANÁLISIS INTEGRAL
La reforma penal fiscal es una de las más importantes de los últimos 20 años, en especial, las modificaciones de los siguientes ordenamientos: (i) Código Fiscal de la Federación CFF, (ii) Código Penal Federal, (iii) Ley Contra la Delincuencia Organizada, (iv) Ley de Seguridad Nacional y (v) Código Nacional de Procedimientos Penales.

La orden de visita se configura como el acto administrativo de molestia más importante para el inicio de la visita domiciliaria, como facultad de comprobación en materia fiscal federal, misma que debe satisfacer para su validez, una serie de requisitos de constitucionalidad, de legalidad y de convencionalidad.

En 2020 el Código Fiscal de la Federación sufrió una de las reformas más importantes de los últimos veinte años, al incorporar, de entre otros puntos, la denominada "cláusula antielusión", conocida en el derecho anglosajón como test purpose business (prueba de propósito de negocios en español),  mediante la cual, las autoridades fiscales de forma presuntiva y a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, podrán verificar si los actos jurídicos del contribuyente, materia de fiscalización, carecen o no de "razón de negocios", y si estos le generan o no un "beneficio fiscal directo o indirecto" y si el beneficio económico cuantificable es o no el "razonablemente esperado"; todo lo anterior, derivado de la decisión que, en su caso, será emitida por un "organismo colegiado" que sea el que decida si se aplicará o no el citado artículo 5.-A.

PRIMERA PARTE
PARTE TEÓRICA
• Regulación constitucional de la extinción de dominio
• La extinción de dominio. antecedentes más próximos
• La acción de extinción de dominio y sus presuntas violaciones a los derechos humanos y a los derechos fundamentales