Federal de Justicia Administrativa emitió la jurisprudencia IX-J-SS-132, en la que fija un criterio de gran relevancia para abogados fiscalistas, contadores y contribuyentes respecto a los denominados requerimientos en forma de “integraciones especiales”.

La importancia de esta jurisprudencia radica en que delimita hasta dónde puede llegar la autoridad fiscal al solicitar información durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, particularmente cuando pretende obligar al contribuyente a elaborar documentación específica que no forma parte de su contabilidad.

¿Qué establece la jurisprudencia?

La tesis sostiene que, de la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 28 y 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como de las disposiciones reglamentarias correspondientes, la autoridad fiscal sí cuenta con facultades para requerir:

• Contabilidad.
• Libros y registros contables.
• Papeles de trabajo.
• Documentación comprobatoria.
• Informes, datos y otros documentos relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Sin embargo, el criterio precisa que dichas facultades no comprenden la posibilidad de exigir al contribuyente la elaboración de “integraciones especiales”, es decir, documentos preparados bajo una estructura o metodología específica diseñada por la propia autoridad fiscal.

El TFJA considera ilegal este tipo de requerimientos cuando implican obligar al contribuyente a generar información nueva o presentar la existente bajo formatos especiales que no forman parte de su contabilidad ordinaria.

La contabilidad debe revisarse como existe

Uno de los puntos más relevantes del criterio es que la autoridad fiscal debe revisar la contabilidad en la forma en que ésta se encuentre elaborada por el contribuyente, verificando si cumple o no con los requisitos legales y si acredita el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La jurisprudencia enfatiza que, aunque las llamadas integraciones especiales puedan derivarse de datos contenidos en la contabilidad, ello no autoriza a la autoridad a exigir que el contribuyente las elabore expresamente para efectos de auditoría.

No obstante, el criterio también aclara que si dichas integraciones fueron aportadas voluntariamente por el particular, entonces no existe afectación a su esfera jurídica.

¿La ilegalidad del requerimiento nulifica automáticamente el crédito fiscal?

La respuesta es no.

El Pleno del TFJA establece que la ilegalidad del requerimiento no genera automáticamente la nulidad del crédito fiscal. Para ello, debe analizarse si la actuación efectivamente afectó las defensas del contribuyente y trascendió al sentido de la resolución impugnada.

La jurisprudencia desarrolla tres escenarios específicos:

1. Cuando el contribuyente sí cumple con las integraciones especiales

Si el contribuyente presenta la información exactamente en los términos requeridos por la autoridad, la ilegalidad del requerimiento se considera no invalidante.

Esto obedece a que el cumplimiento del requerimiento evita una afectación real a las defensas del contribuyente y no influye de manera determinante en la resolución fiscal.

2. Cuando el contribuyente entrega la información conforme a ley, pero no bajo el formato solicitado

El criterio señala que si el contribuyente atiende el requerimiento presentando la información y documentación conforme a lo previsto en la ley, aunque no siga las integraciones especiales exigidas por la autoridad, la ilegalidad tampoco será invalidante siempre que la autoridad valore adecuadamente la documentación exhibida.

Sin embargo, sí procederá la nulidad del crédito fiscal cuando la autoridad:

• Omita valorar la información presentada.
• Deseche la documentación únicamente porque no cumple con las formalidades especiales solicitadas.

Este punto resulta particularmente relevante en la práctica de auditorías fiscales, donde frecuentemente las autoridades pretenden desestimar documentación válida por cuestiones meramente formales.

3. Cuando el contribuyente no presenta información alguna

La jurisprudencia también aclara que si el contribuyente omite exhibir la contabilidad, informes o documentación requerida, la ilegalidad del requerimiento tampoco será invalidante.

El TFJA sostiene que el hecho de que la autoridad haya solicitado información bajo determinadas formalidades no exime al contribuyente de cumplir con su obligación de exhibir la documentación con la que cuente para acreditar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Impacto práctico para abogados y contadores

Este criterio jurisprudencial representa una herramienta importante de defensa fiscal, especialmente en auditorías donde las autoridades suelen requerir:

• Cruces de información especiales.
• Integraciones analíticas.
• Conciliaciones extraordinarias.
• Reportes elaborados bajo formatos internos de la autoridad.
• Papeles de trabajo específicos no previstos legalmente.

Para los abogados fiscalistas, la jurisprudencia fortalece los argumentos relacionados con violaciones al principio de legalidad y límites de las facultades de comprobación.

Para contadores y responsables fiscales, el criterio brinda mayor claridad respecto a qué documentación están obligados realmente a proporcionar y hasta dónde puede exigirse la elaboración de reportes adicionales.

Conclusión

La jurisprudencia IX-J-SS-132 emitida por el Pleno del TFJA establece un límite relevante a las facultades de requerimiento de la autoridad fiscal al determinar que las llamadas “integraciones especiales” no forman parte de la contabilidad obligatoria del contribuyente.

Aunque la ilegalidad de estos requerimientos no produce automáticamente la nulidad del crédito fiscal, sí puede generar consecuencias invalidantes cuando la autoridad desestima información legalmente exhibida únicamente por no cumplir con formatos especiales impuestos discrecionalmente.

Este criterio fortalece la seguridad jurídica de los contribuyentes y representa un precedente de alta relevancia para la estrategia de defensa en procedimientos de fiscalización y litigio fiscal en México.