Dentro del sistema penal mexicano, la prisión preventiva fue concebida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado.

Su finalidad es clara: asegurar que el imputado comparezca al proceso y evitar que interfiera en la investigación. En teoría, nunca debería operar como una forma de sanción previa a una sentencia.

Sin embargo, el diseño constitucional vigente introduce una excepción relevante. El artículo 19 de la Constitución permite que, en determinados delitos, el juez imponga prisión preventiva de manera automática, sin necesidad de valorar las circunstancias particulares del caso. Este esquema, conocido como prisión preventiva oficiosa, se ha expandido con el tiempo, especialmente a partir de la reforma de 2019.

Fue precisamente en esa reforma donde se incorporaron delitos de carácter fiscal —como la defraudación fiscal, el contrabando y sus equiparados— siempre que superen ciertos montos establecidos en la legislación. Esta inclusión, lejos de ser pacífica, detonó un debate profundo que sigue abierto tanto en la práctica forense como en el ámbito académico.

El problema de fondo es que esta ampliación rompe con la lógica original de la medida cautelar. Los delitos fiscales no comparten las características que justificaron, en un inicio, la prisión preventiva automática. Mientras que el catálogo tradicional se integra por conductas violentas o de alto impacto social —como el secuestro o el homicidio—, los ilícitos fiscales tienen una naturaleza distinta: son de carácter patrimonial y carecen, por regla general, de violencia o riesgo físico para las personas.

Además, el perfil del contribuyente investigado dista mucho del de un delincuente peligroso en términos procesales. Se trata, normalmente, de personas identificables, con domicilio fiscal, actividad económica formal y bienes sujetos a embargo. Esto reduce significativamente el riesgo de fuga y permite que el Estado cuente con mecanismos eficaces para asegurar el resultado del proceso sin necesidad de privar de la libertad al imputado.

En este punto, vale la pena subrayar que el propio sistema jurídico ya contempla herramientas suficientes: embargo precautorio, inmovilización de cuentas, garantías económicas y otras medidas cautelares menos restrictivas. La prisión preventiva, entonces, deja de ser una necesidad y se convierte en una opción desproporcionada.

A esto se suma un elemento particularmente delicado: el uso del monto defraudado como criterio automático para imponer la medida. Esta lógica desconoce que la finalidad de una medida cautelar no es castigar la magnitud del daño, sino gestionar riesgos procesales concretos, como la posibilidad de fuga o de obstaculización de la justicia. Convertir un dato económico en detonante de privación de libertad implica desvirtuar completamente el análisis cautelar.

El resultado es preocupante. La prisión preventiva oficiosa termina operando como una pena anticipada. Al no permitir al juez valorar el caso específico, se establece en los hechos una presunción absoluta de riesgo procesal que el imputado no puede controvertir. Esto choca directamente con el principio de presunción de inocencia, que exige que toda persona sea tratada como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Los estándares internacionales son claros al respecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido de manera reiterada que la prisión preventiva debe ser excepcional, justificada caso por caso y basada en criterios objetivos. Asimismo, ha rechazado los esquemas legales que imponen esta medida de forma automática, al considerar que eliminan el control judicial y transforman una medida cautelar en un castigo adelantado.

Desde la óptica del principio de proporcionalidad, la situación tampoco se sostiene. Privar de la libertad a una persona debe ser el último recurso, reservado para escenarios donde no existan alternativas eficaces. En materia fiscal, donde los riesgos pueden mitigarse mediante controles patrimoniales y restricciones específicas, la prisión preventiva automática difícilmente supera este estándar.

En el ámbito nacional, el Poder Judicial ha reconocido estas tensiones, aunque sin resolverlas de manera definitiva. Existen criterios que abren la puerta al análisis caso por caso mediante el control de convencionalidad, lo que permite a los jueces inaplicar la medida cuando resulte incompatible con los derechos humanos. No obstante, la presencia expresa de la figura en la Constitución sigue generando un escenario complejo y, en muchos casos, contradictorio.

Más allá del debate jurídico, los efectos prácticos son contundentes. La imposición de prisión preventiva en delitos fiscales puede paralizar completamente la actividad económica del contribuyente, impedir la regularización de su situación y afectar a terceros, como trabajadores, proveedores y acreedores. En lugar de facilitar la recuperación de recursos para el Estado, la medida puede terminar obstaculizándola.

Incluso en la práctica, no son pocos los casos en los que la amenaza de la prisión preventiva funciona como un mecanismo de presión para aceptar acuerdos o reconocer responsabilidades, lo que distorsiona el debido proceso y debilita el derecho de defensa.

En este contexto, la incorporación de delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa parece responder más a una lógica de disuasión que a una política criminal racional. Se privilegia el impacto inmediato sobre la recaudación, pero a costa de principios fundamentales del derecho penal y procesal.

El reto hacia adelante es evidente. Se requiere replantear el uso de esta medida en materia fiscal y devolverle su carácter excepcional. Esto implica permitir que los jueces evalúen cada caso en concreto, ponderando los riesgos reales y aplicando medidas proporcionales.

Mientras eso no ocurra, la prisión preventiva oficiosa seguirá siendo un punto de fricción entre el diseño constitucional mexicano y los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en un ámbito tan técnico y sensible como el fiscal.