La reciente reforma judicial en México marca un cambio radical: jueces y magistrados ahora son electos por voto popular, pero muchos carecen de experiencia procesal. Lejos de fortalecer la independencia judicial, se abre la puerta a la politización de la justicia y a un futuro de incertidumbre para los ciudadanos.

Un tema que trasciende a todos los mexicanos, y que quizá la mayoría no ha puesto atención, es la reciente reforma judicial. Esta modificación constitucional, aprobada el año pasado, se considera una de las más radicales en la historia del país. Está inspirada, en buena medida, en corrientes doctrinales cercanas al comunismo y socialismo, con influencias del derecho venezolano, colombiano y bolivariano, propias de tendencias populistas que han resurgido en Latinoamérica en los últimos años.

La reforma establece un nuevo poder judicial federal que entrará en vigor en septiembre. Surge la pregunta: ¿cuáles son las perspectivas frente a este nuevo escenario? Desde los orígenes de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial la independencia era una característica esencial. El poder judicial, por definición, debía mantenerse libre de influencias políticas, resolviendo de forma objetiva e imparcial.

Sin embargo, con esta reforma se rompe con esa tradición. Bajo una mayoría cuestionada en el Congreso, cualquier iniciativa ha sido aprobada sin un verdadero contrapeso. Incluso, la votación en la que se sustentó esta reforma contó con la participación de menos del 10% de la población, lo que difícilmente puede considerarse un acto democrático. En los hechos, el abstencionismo masivo reflejó una oposición clara.

El 1 de junio de 2025 se realizó la elección de jueces y magistrados bajo la premisa de que, “por primera vez, el pueblo escoge a sus jueces”. Sin embargo, esto es una falacia: que la población vote no garantiza la idoneidad de los candidatos. Antes, los jueces llegaban tras una carrera judicial y especialización en la materia. Ahora, gran parte de los electos carecen de experiencia procesal o jurisdiccional.

El 1 de septiembre entrará en funciones esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial y los órganos de administración judicial que reemplazan al Consejo de la Judicatura. Este tribunal de disciplina, integrado por miembros afines al partido en el poder, refuerza la politización del poder judicial y abre la puerta a que los juicios se resuelvan bajo consigna política.

El 15 de septiembre, los jueces y magistrados electos serán asignados a sus respectivos tribunales y juzgados. De ahí en adelante, los ciudadanos enfrentarán un escenario de incertidumbre: juicios en manos de autoridades sin experiencia, procesos que podrían alargarse por años y decisiones influenciadas por una línea política.

La siguiente elección judicial está programada para junio de 2027, donde se completará el nombramiento de magistrados y jueces. Esto confirma que la reforma judicial impulsada originalmente por Andrés Manuel López Obrador coloca a México en un escenario complejo y preocupante.

No obstante, frente a la crisis también existe un área de oportunidad. Por primera vez, los abogados litigantes y asesores jurídicos podrían tener mayor conocimiento y experiencia que muchos de los jueces recién electos. Esto abre la posibilidad de que la preparación profesional de los litigantes sea un factor decisivo en los procesos.

El populismo ha planteado que lo importante no es el conocimiento, sino la honorabilidad. Es como si, en pleno vuelo, se dejara al pasaje decidir quién será el piloto, y eligieran a alguien popular pero sin preparación. Ese es el riesgo que enfrenta hoy el sistema judicial mexicano.

Queda esperar que este nuevo escenario, por difícil que parezca, pueda convertirse en una oportunidad para fortalecer el papel del abogado y para que la sociedad misma valore la importancia de un poder judicial independiente y preparado.