En los procedimientos de revisión de gabinete y visita domiciliaria, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades amplias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sin embargo, esas facultades no son ilimitadas.

La jurisprudencia con registro digital 2026226, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, marca un límite claro y relevante en favor del contribuyente: la autoridad fiscal no puede exigir datos personales de terceros que no están siendo revisados.

Este criterio representa una herramienta clave para la defensa fiscal, especialmente frente a requerimientos que exceden el marco legal.

El caso: ¿qué fue lo que el SAT solicitó?

Durante una revisión de gabinete, la autoridad fiscal requirió al contribuyente información que iba más allá de su propia contabilidad, específicamente:

• Nombre y RFC del propietario del inmueble donde se ubica el domicilio fiscal.

• Nombre, domicilio y RFC de las personas que le prestaban servicios de contabilidad o asesoría fiscal.

• Datos de contacto del representante legal.

El contribuyente consideró que dichos datos no guardaban relación directa con la documentación obligada en una revisión de gabinete y promovió juicio de amparo.

El criterio del Tribunal: facultades expresas, no extensivas

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito fue contundente:

Las facultades previstas en el artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación no pueden extenderse a la solicitud de datos personales de terceros que no están siendo objeto de revisión.

La razón es simple pero fundamental en materia de defensa:

• La ley no autoriza expresamente a la autoridad a requerir ese tipo de información.

• En actos de molestia, como una revisión fiscal, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite de forma expresa.

• No puede asumirse que dichos datos estén “implícitos” dentro del concepto de contabilidad, documentos o informes con relevancia fiscal.

El riesgo de permitir requerimientos indebidos

El Tribunal advierte un punto crítico para la seguridad jurídica del contribuyente:
Si se aceptara que la autoridad puede exigir información no prevista en la ley, se abriría la puerta a que:

• La negativa a proporcionar esos datos sea considerada una infracción.

• Se impongan sanciones con base en los artículos 85 y 86 del CFF.

• El contribuyente quede en estado de indefensión, obligado a cumplir cargas que el legislador nunca estableció.

Desde la óptica de la defensa fiscal, esto resulta jurídicamente inaceptable.

Relevancia práctica para el contribuyente y su defensa

Esta jurisprudencia tiene implicaciones directas en la práctica:

• No todo requerimiento del SAT es legal por el simple hecho de provenir de la autoridad.

• El contribuyente tiene derecho a cuestionar y combatir solicitudes que excedan las facultades legales.

• La protección de los datos personales de terceros es un límite real y exigible frente a la fiscalización.

En procedimientos de revisión, el silencio o la sumisión automática no siempre es la mejor estrategia. Una defensa técnica y oportuna puede evitar sanciones indebidas y fortalecer la posición jurídica del contribuyente.

Conclusión: fiscalización sí, extralimitación no

La jurisprudencia 2026226 refuerza un principio esencial del Estado de Derecho fiscal:
la autoridad fiscaliza conforme a la ley, no más allá de ella.

Para el contribuyente y su asesor legal, este criterio es un recordatorio claro de que la defensa fiscal no consiste en evadir, sino en exigir que la autoridad actúe dentro de los límites que el propio legislador le impuso.