En la práctica fiscal, uno de los errores más comunes de la autoridad ocurre en la etapa de ejecución de créditos fiscales: las notificaciones. Y aunque parezca un detalle operativo, puede ser la diferencia entre un procedimiento válido y uno completamente anulable.

Recientemente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reiteró un criterio clave: cuando la autoridad acude al domicilio fiscal para notificar un mandamiento de ejecución y no localiza al contribuyente, no tiene libertad absoluta sobre cómo continuar.

El criterio es claro y estratégico para la defensa:

• La notificación del mandamiento puede realizarse por estrados y en la página oficial.
• Pero el requerimiento de pago y el embargo deben notificarse obligatoriamente vía buzón tributario.

Esto no es un simple formalismo. Responde a un objetivo constitucional: garantizar que el contribuyente tenga conocimiento real y efectivo de su situación jurídica.

¿Por qué es relevante para la defensa?

Porque en muchos casos la autoridad:

• Omite el uso del buzón tributario,
• O realiza notificaciones indebidas en etapas críticas del procedimiento.

Y aquí está la oportunidad:

Si el requerimiento de pago no fue notificado correctamente por buzón tributario, el procedimiento puede ser ilegal.

Esto abre la puerta a argumentos sólidos en juicio contencioso administrativo, especialmente en la impugnación de embargos o actos de ejecución.

Clave estratégica

No se trata solo de revisar el fondo del crédito fiscal, sino de auditar cuidadosamente el procedimiento.

En defensa fiscal, muchas veces la forma es el fondo.

Tesis publicada en la revista del TJFA Número 49, Marzo 2026 no: IX-P-2aS-627