La Suprema Corte ha reconocido que, cuando se reclama la prisión preventiva oficiosa, el juez de amparo puede conceder una suspensión provisional con efectos restitutorios. Esto permite convocar a una audiencia para revisar la medida cautelar y sustituirla por otra, pues la Corte Interamericana ya declaró inconvencional esa figura. Así, la defensa tiene hoy un recurso más sólido para proteger la libertad y presunción de inocencia.

En México, la figura de la prisión preventiva oficiosa ha sido motivo de debate nacional e internacional. Aunque la Constitución la contempla para ciertos delitos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya la declaró inconvencional, pues vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal.

Ante esta tensión entre el derecho interno y los compromisos internacionales, recientemente se publicó una jurisprudencia vinculante que abre una vía de protección para los ciudadanos: la suspensión provisional con efectos restitutorios de tutela anticipada dentro del juicio de amparo indirecto.

¿Qué significa esto en la práctica?

Cuando una persona enfrenta la imposición de la prisión preventiva oficiosa y promueve un amparo, el juez de Distrito no debe limitarse a las reglas tradicionales del artículo 166 de la Ley de Amparo (es decir, tener al quejoso a disposición del juez de amparo sin tocar la medida cautelar impuesta).

Ahora, en virtud de esta nueva jurisprudencia, el juez puede ordenar una audiencia de revisión de medidas cautelares. Esto significa que la prisión preventiva oficiosa no se mantiene automáticamente, sino que se abre la puerta para sustituirla por otra medida, como la prisión preventiva justificada o una diversa (ejemplo: firma periódica, arraigo domiciliario, prohibición de salir de determinada zona).

La clave: tutela anticipada y bloque de constitucionalidad

El criterio se sostiene en dos pilares:

1. Tutela anticipada: El juez concede una protección inmediata, antes de la sentencia definitiva, para evitar que la persona permanezca privada de su libertad de forma automática e injustificada.

2. Bloque de constitucionalidad: Los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales tienen el mismo valor que los previstos en la Constitución. Así, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes y deben aplicarse siempre que favorezcan más a la persona.

Implicaciones para la defensa

Como abogados defensores, este precedente es de gran trascendencia:

• Nos permite solicitar la suspensión provisional restitutoria en amparos contra prisión preventiva oficiosa.

• Refuerza la estrategia de defensa con base en estándares internacionales de derechos humanos.

• Coloca a la autoridad judicial mexicana en la obligación de revisar si la medida cautelar impuesta es realmente necesaria y proporcional.

En otras palabras, la prisión preventiva oficiosa ya no es un destino inevitable, y existen herramientas legales efectivas para cuestionarla.

Registro digital: 2006225
Instancia: Pleno
Décima Época
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 204
Tipo: Jurisprudencia
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Conclusión

Esta jurisprudencia confirma que la defensa jurídica estratégica es clave frente a medidas que restringen derechos fundamentales. El amparo, reforzado por la tutela anticipada y la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana, se convierte en un instrumento esencial para proteger la libertad y la presunción de inocencia.

Como defensores, nuestra tarea es clara: hacer valer esta herramienta en favor de quienes enfrentan procesos penales y recordar que en un Estado constitucional de derecho, la libertad siempre debe ser la regla, y la prisión preventiva, la excepción.

Tesis de jurisprudencia:  Registro digital: 2027280 | Tesis: PR.P.CN. J/13 P (11a.)