Se trata de una tesis de jurisprudencia del TFJA que resuelve una controversia de alta recurrencia práctica: ¿puede un accionista aportar capital a una sociedad mediante la cesión de un pagaré, y registrar ese aumento inmediatamente en la CUCA?

En el terreno de los delitos fiscales, la discusión jurídica suele concentrarse en las facultades de investigación de las autoridades, la defensa de los contribuyentes o los alcances de la responsabilidad penal. Sin embargo, una reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coloca el reflector sobre otro actor fundamental dentro del proceso: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La reciente reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no solo reorganiza al TFJA; también plantea nuevos retos y oportunidades para quienes defienden a los contribuyentes. Conocer los cambios procesales será clave para evitar errores y aprovechar posibles líneas de defensa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio obligatorio que redefine el alcance del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. A partir de esta jurisprudencia, no bastará con obtener la nulidad de un crédito fiscal para reclamar intereses por pago de lo indebido; será indispensable que la sentencia reconozca expresamente el derecho a la devolución. El criterio obliga a replantear la estrategia procesal en numerosos litigios fiscales.

Una nueva tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aclara una confusión frecuente en las facultades de comprobación: la última acta parcial de una visita domiciliaria no puede equipararse al oficio de observaciones emitido en una revisión de gabinete. Este criterio fortalece la seguridad jurídica de los contribuyentes y obliga a la autoridad a respetar las diferencias legales y procedimentales entre ambos mecanismos de fiscalización.

El Plan Maestro 2026 anuncia una ofensiva más agresiva contra la compraventa de facturas. Visitas domiciliarias, riesgos penales, restricciones en el RFC y mayor presión sobre los receptores obligan a abogados y contadores a fortalecer la prevención, la documentación y la estrategia de defensa fiscal.